Para despertar la atención pública a su ofensiva de proyectos de leyes de protección ambiental a la comunidad, una coalición de legisladores, organizaciones comunitarias y medios se congregaron la semana pasada en el Capitolio de Sacramento.
Paso por paso, pero de manera insistente, un grupo de activistas, organizaciones comunitarias, medios de comunicación y legisladores estatales avanza en un enfrentamiento todavía desigual. Bregan porque las empresas que producen del suelo californiano petróleo y gas natural paguen por el daño que han estado causando por décadas a la población del estado, especialmente a la gente de menores recursos – entre ellos desproporcionadamente representados los latinos y afroamericanos – problemas serios de salud.
Afirmaba esto en una columna anterior que dediqué al tema. Con satisfacción se puede decir que el grupo avanza en crear una corriente de opinión pública positiva, una mejor disposición por parte del ejecutivo del Estado, y un crecimiento en organización y tácticas.
Esta semana, cinco leyes importantes en la lucha por el medio ambiente eran debatidas y votadas en el Comité de Apropiación de la Asamblea Legislativa de California. Estas cinco forman parte de un grupo de las promovidas por esta coalición, en el esfuerzo renovado de hacer que las empresas que contaminan el aire y el suelo donde vive la población más frágil del estado paguen por el daño que han estado causando durante años.
Para despertar la atención pública a su ofensiva de proyectos de leyes de protección ambiental a la comunidad, una coalición de legisladores, organizaciones comunitarias y medios se congregaron la semana pasada en el Capitolio de Sacramento.
Se trata, como explican en un comunicado de prensa, de un conjunto de proyectos de ley que obligarán a las compañías petroleras a limpiar los pozos inactivos peligrosos o pagar por ellos.
Dijeron los organizadores en un comunicado que promueven “un conjunto de proyectos de ley que obligarán a las compañías petroleras a limpiar los pozos inactivos peligrosos, AB 1866 (Hart), responsabilizarán a las compañías de combustibles fósiles por perjudicar la salud pública, AB 3155 (Friedman), AB 2716 (Bryan), afirman los derechos de los gobiernos locales a proteger las comunidades de la perforación de petróleo y gas, AB 3233 (Addis), requerirán que los fondos de pensiones estatales retiren sus inversiones de los combustibles fósiles, SB 252 (González), y finalmente requerirán que los contaminadores paguen por los daños climáticos que causaron, SB 1497 (Menjivar).
Hablando ante la audiencia de activistas y legisladores, la senadora estatal Caroline Menjívar dijo que las empresas contaminadoras ganaron 9,000 millones de dólares en los últimos dos años, mientras soltaban mil millones de galones métricos contaminantes en la atmósfera,.
La asambleísta Laura Friedman alertó a la concurrencia de que vidas de seres humanos están en juego, y recalcó que las “nuestras vidas son más importantes que las ganancias de ellos”. Mientras tanto, siguen habiendo miles de pozos que no producen pero contaminan al lado de barrios residenciales y escuelas, enfatizó. “Debemos hacer que paguen para cerrarlos”, ya que hay cinco millones y medio de californianos que viven a una milla de una excavación de gas o de petróleo.
Friedman comparó la situación con la historia de los fabricantes de cigarrillos que sabían perfectamente que el tabaco causa cáncer pero lo ocultaron por muchos años.
El asambleísta Isaac Bryan, autor de la medida AB 2716 que de ser aprobada penalizará a los productores de petróleo que tienen pozos no productivos a pagar multas de 10,000 por día para mantenerlos activos, citó a ejecutivos petroleros quienes le habrían dicho que “los pozos no productivos causan el mismo daño que los que producen petróleo”.
“En mi distrito se encuentra el campo petrolero más grande de Estados Unidos, el Baldwin Hills-Inglewood. Y la gente que vive alrededor muere prematuramente, con tasas más altas de problemas del corazón, respiratorios, cáncer o asma en los niños”, explicó Bryan.
El asambleísta Gregg Hart exigió que las empresas petroleras dejen de contaminar California, especialmente en las aguas subterráneas. Mencionó que el primer campo petrolero en California, abierto hace 100 años, está en Summerland, que pertenece a su distrito, por lo que conoce los problemas que genera. “El número de pozos no operativos en California ha aumentado en los últimos años a pesar de que las empresas dicen que ‘están trabajando en solucionar el problema’”, agregó.
El organizador de Fossil Free California Luis Ángel Martínez por su parte dijo que es oriundo de Wilmington, al sur de Los Ángeles y una ciudad que sufre la contaminación de destilerías cercanas. Atacó a las empresas petroleras y notó que los perjudicados son en su mayor parte personas de color.
Especial atención tuvo la propuesta de ley AB 252 de Lena González, que de ser aprobada prohibiría que el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (Calpers) y el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California (Cals) inviertan en las 200 compañías de combustibles fósiles que cotizan en la bolsa, y que retiren sus inversiones actuales hasta 2031.
Este proyecto de ley, que inicialmente se presentó el año pasado atrajo especial oposición de las compañías implicadas, lo que obstaculizó su aprobación que luego pasó a un ciclo de dos años.
Contra estas leyes en su conjunto, las corporaciones petroleras han gastado más de $7 millones este año.
Esta semana se decidirá la suerte de varios de estos proyectos de ley.
