La expansión de la red debe priorizar el beneficio de regiones desatendidas y de bajos recursos como el Valle Central y el Valle de Salinas y no olvidar la cuenca de Los Ángeles.
Después de la Segunda Guerra Mundial, un rápido proceso de industrialización y modernización recorrió todo el país. Entre otros, se construyeron centenares de miles de viviendas para los soldados dados de baja y sus familias. Se pavimentaron los gigantescos freeways que facilitaron el desarrollo de la industria automotriz y recortaron las distancias. Y se construyeron líneas de transmisión y distribución eléctrica, de las cuales depende el funcionamiento de la sociedad moderna.
Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, esta infraestructura tiene una esperanza de vida de 50.
Pasaron entre 83 y 53 años, y el equipo que nos suministra electricidad es el mismo.
Mientras tanto, sobrevino la electrificación del sector de transporte y transmisión de datos, aunado al crecimiento natural de la población. Entre ambos procesos, se hace urgente comenzar ya a modernizar la infraestructura de transmisión.
Obviamente, se trata no solamente de reemplazar las líneas caducas por otras modernas, sino de expandir las ya existentes. El enfoque regional en el reporte de CAISO enfatiza que la expansión se dirija allí donde se pueden construir proyectos de energía limpia, “sin emisiones de carbono”.
Tecnologías no contaminantes
Al mismo tiempo se trata de reemplazar las tecnologías contaminantes y caras como las basadas en carbón, petróleo y gas natural, por la energía solar (mediante paneles solares), eólica (turbinas de viento), nuclear, hidráulica (embalses en ríos), maremotriz (marinos y vientos de la costa), geotermal (utilizando el calor proveniente de la Tierra), biomasa/biogás, y almacenamiento de energía en baterías de larga duración.
Una combinación de infraestructura renovada y tecnología no contaminante es crucial.
Nuevas líneas de transmisión harán posible llevar electricidad de zonas de ventisca, soleadas o costeras a los focos de uso. Se trata entre otros, escribe Sammy Roth en la publicación Boiling Point, de proyectos tales como “parques solares en el Valle Central de California, plantas geotérmicas junto al Mar de Salton y parques eólicos flotantes frente a la costa”.
En California
California, cuya economía de ser un país independiente sería la quinta del mundo, requiere que este proceso tenga lugar lo antes posible, bajo la premisa de que “las líneas de transmisión aportan energía renovable, aire más limpio y buenos empleos”.
Es aquí donde el resto del país presta atención, por la magnitud de nuestra infraestructura y especialmente gracias a que sucesivos gobiernos progresistas han logrado establecer ambiciosas metas por ley. Para 2035 se exige tener un 90% de energía limpia y 100% para 2045. Y el cableado debe ser capaz de suministrar electricidad además a decenas de millones de automóviles eléctricos que reemplazan a los de motor de combustión interna, alimentados por gasolina.
En la actualidad, según varias fuentes, la capacidad de generación eléctrica de California es de 80 gigavatios. Para cumplir con la meta que establece la ley, la idea es agregar 70 gigavatios para 2035 y 50 gigavatios más entre 2035 y 2045.
Eso significa incrementar tecnologías de energía limpia en la red eléctrica “a un ritmo mínimo de 7,000 a 8,000 megavatios cada año. Un megavatio es aproximadamente suficiente electricidad para la demanda instantánea de 750 viviendas a la vez, explica el sitio de CAISO. CAISO, el Operador Independiente del Sistema de California (CAISO), es una agencia cuasi gubernamental con amplias facultades de planificación para toda la cuestión energética.
Eso significa electricidad para suplir a seis millones de hogares o para cargar un millón de autos eléctricos cada año.
Informe de CAISO
En abril, CAISO publicó el borrador de un nuevo informe que culminó en el documento final dado a conocer recientemente como parte de su plan de transición de líneas de transmisión elaborado el año anterior.
El informe calculó que el costo inicial de “los proyectos de transmisión que apoyarían el crecimiento de la energía renovable” sería de $7,500 millones.
ISO es solo una de tres agencias estatales con misiones similares, que requieren coordinación entre sí. Las otras son la Comisión de Servicios Públicos (PUC) y la Comisión de Energía de California.
Los Ángeles
Como se ha cubierto repetidamente en esta columna, existen en el condado de Los Ángeles miles de pozos de petróleo, muchos de ellos descontinuados o agotados y otros en plena operación, en zonas de alta densidad de población, especialmente por parte de familias latinas. Estos pozos, estén o no en operación, emiten metano en cantidades que arriesgan la salud de la población.
Y si bien cierta legislación y acciones del ejecutivo de California han avanzado en una búsqueda de solución al problema, esta solución no ha sido la primera prioridad de quienes se ocupan de posibilitar la transición del estado a energías renovables para 2035 y 2045.
El nuevo informe de CAISO se refiere a esto estableciendo que “Desafortunadamente, a principios de este año, el estado decidió dar permiso a los propietarios de tres muy antiguas centrales eléctricas alimentadas con gas a lo largo de la costa sur para que operaran durante otros tres años”.
Además, la Comisión de Energía de California votó el 9 de agosto de 2023 para extender la vida útil de la estación generadora de Ormond Beach en Oxnard, las plantas de energía AES Alamitos y AES Huntington hasta 2026.
Todas estas decisiones aumentan en lugar de disminuir la dependencia de Los Ángeles de combustibles fósiles para la producción de electricidad, alejan la implementación de energías renovables no contaminantes a un futuro incierto, más allá de 2050 (la mayor parte del parque actual de centrales eléctricas de combustibles fósiles deberá mantenerse disponible al menos hasta 2050 para satisfacer las cargas máximas) y atentan directamente contra la salud de miembros de la comunidad.
Para los próximos años, la Cuenca de Los Ángeles, que abarca los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino, seguirá dependiendo de doce plantas de gas a gran escala que existen desde Huntington Beach en el sur, el Valle de San Fernando en el norte y San Bernardino en el este.
Y si quiere reducir esta dependencia la región deberá importar electricidad de fuentes no contaminantes o desarrollar aceleradamente una alternativa seguida por LADWP, que consiste en tender un cable submarino de 100 millas paralelo a la costa.
Por ello, se requiere que Los Ángeles esté en el centro del esfuerzo de aceleración del proyecto, mucho más que ahora: después de todo, es aquí donde viven 15 de los 39 millones de habitantes de California.
El Valle Central
Particularmente, un nuevo informe de CEERT, el Centro de Eficiencia Energética y Tecnologías Renovables, confirma y cuantifica que en California, las líneas de transmisión aportan energía renovable, aire más limpio y buenos empleos para el Valle Central.
Como se sabe, el Valle Central de California tiene el aire más contaminado por partículas del país, razón adicional para poner esa región, que con su producción agrícola alimenta a una importante parte del país, a la cabeza del esfuerzo para implementar energías renovables.
Afortunadamente, es también una zona privilegiada para el desarrollo de energía solar, con sus 300 días de sol al año en promedio y su terreno relativamente plano.
Además, existen allí casi medio millón de acres de tierras, que según un estudio de 2016 del Centro de Derecho, Energía y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California podrían ser adecuadas para el desarrollo de energía solar.
Más aún: con todo eso, el Valle Central podría desarrollar casi toda la capacidad solar necesaria para 2045 para todo el estado.
¿Quién va a pagar la cuenta?
Una de las cuestiones que podría decidir si California cumple o no con la meta, y más importante, qué parte del costo recaerá sobre los consumidores familiares, es obviamente la carga financiera de la enorme inversión necesaria. California tiene tres empresas que son virtuales monopolios regionales y que cubren casi toda la producción eléctrica del estado: Southern California Edison (SCE), Pacific Gas & Electric (PGE) y San Diego Gas & Electric (SDGE).
Para que el peso del proyecto no recaiga en el consumidor, ya abrumado por aumentos en las tarifas eléctricas de los últimos años, se debe tomar en cuenta que el lucro de estas tres grandes generadoras de California tienen márgenes de utilidad más altos que el promedio y que lamentablemente están autorizados por la Comisión Federal Reguladora de Energía, superando el 10%. A pesar de ello, las empresas han pedido que se les apruebe un lucro de alrededor de 13%. Es injusto que los accionistas no corran con al menos la parte mayoritaria del gasto en una inversión que garantizará su funcionamiento y lucro por muchos años en el futuro.
Adicionalmente, a nivel estatal el gobierno protege de riesgos a los inversionistas en empresas de servicios públicos, lo que incluye dejar que consideren facturas vencidas en cuentas de atrasos y que transfieran los costos de los contratos de energía renovable a los clientes.
Este enfoque debe cambiar si se quiere que la transición a energías renovables favorezca a la población y no tanto a los propietarios de los gigantescos monopolios.
Finalmente, es importante que la expansión de la red considere como prioridad el beneficio de regiones desatendidas y de bajos recursos como el Valle Central y el Valle de Salinas, para incorporar allí la economía de energía renovable.
Efectivamente, el informe de CAISO correctamente prioriza la expansión de la transmisión en las siguientes áreas: El Valle Central, la Cuenca de Los Ángeles y el Área del Valle Imperial y San Diego, para garantizar que su potencial geotérmico y solar pueda desarrollarse de manera oportuna.